Alternativas conducentes al logro del funcionamiento de las principales normativas jurídicas en ecosistemas costeros. Estudio de casos
Revista Cubana de Ciencias Forestales. 2017, 5(1):80-92
Alternativas conducentes al logro del funcionamiento de las principales
normativas jurídicas en ecosistemas
costeros. Estudio de casos
Leading alternative to the operation of the main legal regulations in the coastal area.Case study
Ivette Martinez Miranda1, Greicy de la Caridad Rodríguez Crespo2
1Licenciada en Derecho. Profesora de la Facultad de Ciencias Forestales y
Agronómicas. Dpto. de Marxismo. Facultad de Ciencias sociales y Humanísticas. Universidad de Pinar
del Río Hermanos Saíz Montes de Oca. Correo electrónico: ivet.mtnez@upr.edu.cu
2Doctora en Ciencias Forestales. Profesora Titular. Departamento Forestal. Universidad
de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca.
Correo electrónico: greicy22@yahoo.com
Recibido: 25 de julio de 2016.
Aprobado: 22 de marzo de 2017.
RESUMEN
El presente trabajo analiza, desde una dimensión jurídica, alternativas viables protectoras del manejo integrado de las zonas costeras del país, incluyendo también, en ese análisis, las estrategias vigentes de corte ambiental. Esto se formuló sobre la base de la necesidad de una mayor comprensión acerca de los niveles de implementación, actualización y conocimiento de las principales normativas jurídicas vigentes para los Planes de Manejo Integrado de Zonas Costeras que garantizan su protección desde la dimensión jurídica. Se expusieron los elementos que desde el punto de vista conceptual sustentan la investigación. Se analizaron, además, las principales normativas jurídicas protectoras del manejo integrado de las zonas costeras, y se centró su atención en el análisis de los principales cuerpos legales vigentes en función de la zona costera; se hizo una valoración crítica de las mismas y de las estrategias ambientales como base del sustento legislativo. Se analizó la proyección estratégica de la protección jurídica del manejo integrado de las zonas costeras mediante el método jurídico comparado, en la zona de la Bajada, en la península de Guanahacabibes y en el Puerto de la Coloma, ambas en la Provincia de Pinar del Río, para garantizar en las mismas la inserción y funcionamiento de la dimensión jurídica ambiental en sus programas de manejo integrado. Finalmente, se arribó a conclusiones que generalizan los resultados alcanzados en los que se demuestra el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Palabras clave: dimensión jurídica, manejo integrado costero.
ABSTRACT
This study aimed to propose, from a legal dimension, protective viable alternatives integrated management of coastal areas of the country including also, in this analysis, existing strategies for environmental court This was formulated on the basis of the need for greater understanding of the levels of implementation, actualization, and knowledge of the main legal regulations, Plans for Integrated Coastal Zone Management with legal dimension. The elements from the conceptual point of view presented research support. The main protective legal regulations of the integrated management of coastal zones are also analyzed, focusing on the analysis of the main existing legal bodies according to the coastal zone, in a critical assessment of their quality and environmental strategies, such as legislative base of support. The strategic projection of the legal protection of integrated management of coastal areas through the legal comparative method in the area of the Slope in the Guanahacabibes Peninsula and the Port of Coloma, both in the Pinar del Río Province was analyzed to ensure the same, insertion and operation of environmental legal dimension in their programs of integrated management. Finally, conclusions were reached generalizing the results achieved in the fulfillment of the objectives and it is demonstrated.
Key words: legal dimension, integrated coastal management.
INTRODUCCIÓN
Las zonas costeras son consideradas un medioambiente natural de incalculable valor, pues contienen los ecosistemas de mayor diversidad y productividad del planeta, producen la mayor cantidad de recursos pesqueros y sostienen una significativa parte de la actividad portuaria y de transporte, la agricultura, la industria y el turismo mundial. Esto ha convertido a «la línea de costa en un área objetiva para el establecimiento de asentamientos humanos a lo largo de toda la historia. De hecho, las dos terceras partes de las mayores ciudades del mundo están localizadas en áreas costeras y más de la mitad de la población mundial vive cerca de ellas» (Cincin-Sain, 1998), por lo que se hace necesaria su protección, ya que proteger este medio, como parte integrante de la naturaleza, significa tener en cuenta la higiene planetaria desde el punto de vista intelectual y jurídico, sobre la base de los criterios biológicos.
Con los criterios abordados anteriormente, la integridad del complejo conjunto que representan los procesos biológicos del ecosistema terrestre depende la supervivencia de todas las especies (incluyendo el hombre), la calidad de la vida y el éxito de todas las actividades humanas (incluyendo las actividades tecnológicas, industriales y agrícolas). Lo que el hombre hace actualmente en la tierra se contradice formalmente con esta condición esencial» (Bonnefous, Edouard,1973).
Ante esto, la legislación entra a jugar su papel, por lo que habrá de ser completada, aclarada y precisada en muchos puntos; deben introducirse nuevos reglamentos y, unido a ello, se necesitará vigilar la aplicación de todo el conjunto de cuerpos normativos que ya existen; pero que frecuentemente se ignoran o se hace caso omiso de ellos. Se hace imprescindible, por tanto, un cambio desde una visión integradora del manejo de los recursos en las zonas costeras. En ese sentido, la dimensión jurídica adquiere una relevancia significativa para el caso del Manejo Integrado de la Zona Costera, ya que supone no solo la existencia de un marco político, legal e institucional, sino también la necesidad del conocimiento a nivel social de pobladores, trabajadores, órganos de administración y directivos de tales zonas, toda vez que el Manejo Integrado de la Zona Costera se sustenta en una participación pública consciente.
«No resulta suficiente refrendar la obligación que tiene todo ciudadano de conocer las leyes y la correspondiente obligación del Estado en darlas a conocer. De hecho, en la práctica social cotidiana se observa:
1. El desconocimiento y/o inobservancia por los actores sociales de las zonas costeras, de la legislación ambiental vigente en materia de aguas marítimas y recursos marinos, lo que se evidencia en ilegalidades concretas.
2. Ausencia de participación ciudadana consciente en los procesos de toma de decisiones de estas áreas, aun cuando la concepción del MIZC supone estas como una necesidad.
3. La concepción en sí del MIZC presupone un conjunto de leyes muy específicas a nivel nacional e internacional cuya implementación puede no resultar exitosa si tenemos en cuenta que las personas involucradas, como rectores sociales de la misma, no están preparadas para eso» (Díaz, 2006).
Centrando el problema de investigación: insuficientes niveles de conocimiento, proyección y ejecución por parte de los órganos de dirección, administración, trabajadores, así como de las personas que habitan tales zonas, de las principales normativas jurídicas protectoras del manejo integrado de las zonas costeras, en la Bajada, en la Península de Guanahacabibes y el Puerto de la Coloma, ambos en la Provincia de Pinar del Río.
Siendo el objetivo proponer alternativas conducentes a la elevación de los niveles de conocimiento, proyección y ejecución de las principales normativas jurídicas vigentes en las zonas costeras.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se emplearon métodos empíricos como teóricos, entre ellos: análisis histórico, método jurídico comparado mediante el cual se estudian las instituciones, principios, reglas, en varios sistemas de derecho, con el objetivo de determinar singularidades y generalidades en su regulación y/o aplicación, detectando a su vez la pertinencia en unos u otros sistemas de derecho. Método sociológico o empírico: comprende la observación, la revisión de documentos, el cuestionario, encuestas y entrevistas aplicadas, con el objetivo de comprobar la correspondencia existente entre el derecho y las relaciones socioeconómicas donde se erige y tutela.
Técnicas: consulta a expertos en el tema, encuestas, entrevistas, cuestionarios, revisiones bibliográficas, entre otras.
Estadístico-matemático: utilización de software de procesamiento estadístico: Excel. 2013 y SSPS.
Las principales normativas analizadas fueron:
Constitución de la República del 24 de febrero de 1976. Reformada en los años 1992 y 2002. CITMA. Estrategia Ambiental Nacional. La Habana: CITMA, 1997. CITMA. Estrategia Ambiental Nacional. La Habana: CITMA, 2005-2010.
Ley No-62 o Código Penal, dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la Ciudad de La Habana, el 29 de diciembre de 1987.
Ley 81 del Medioambiente. Publicada en la Gaceta Oficial de la República. Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1987. Número 7, p-47.
Ley No-85 o Ley Forestal, dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, en la Ciudad de La Habana, 21 de julio de 1998.
Ley de Reforma Parcial del Decreto No-1.468, con fuerza de ley de zonas costeras, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela No 37.349, 19 de diciembre de 2001.
Ley 22/1988de 28 de julio de costas españolas. Boletín Oficial de Estados-181, de 29 de junio de 1988.
Decreto-ley No 200, de las Contravenciones en materia de Medioambiente, dado en el Palacio de la Revolución, cuidad de La Habana, 22 de diciembre de 1999.
Decreto-ley No 212 de la Gestión de la Zona Costera, dado en el Palacio de la Revolución, cuidad de La Habana, 8 de agosto de 2000.
Decreto-ley No 230 de Puertos. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria, Ciudad de La Habana, 13 de septiembre de 2002.
Decreto No-274, Reglamento del Decreto-ley No 230 de Puertos. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición extraordinaria, La Habana, 27 de febrero de 2003.
Resolución 77/99, Reglamento del Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición ordinaria, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente, La Habana.
Se realizaron encuestas a:
Los órganos de la administración y dirección de la zona costera de la Bajada en la Península de Guanahacabibes y del Puerto de la Coloma.
A los pobladores de la zona costera de la Bajada, en la Península de Guanahacabibes y del Puerto de la Coloma.
Sector Laboral de la Bajada en la Península de Guanahacabibes y del Puerto de la Coloma.
Tamaño de muestra:
En una escala de 0 a 2, se efectuó la evaluación en cuanto al grado de conocimiento y la evaluación de la aplicación de las principales normativas jurídicas, protectoras del manejo integrado de las zonas costeras escogidas para su estudio.
0- los que no conocen nada y no se aplica nada; 1- los que conocen algo y se aplica algo y 2- los que conocen y se aplica todo.
á = 0,05, para un intervalo de confianza de un 90%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis comparativo de las causas y consecuencias de la no observancia o deficiente aplicación de la normativa jurídica, protectora del manejo integrado de las zonas costeras en la zona de la Bajada, en la Península de Guanahacabibes y en el Puerto de la Coloma, ambos en la Provincia Pinar del Río.
Principales problemas encontrados en el sector de estudio Puerto de la Coloma y sus consecuencias, dadas principalmente por la acción del hombre sobre el ecosistema costero.
«Retiro o desviación de agua dulce (canalizaciones y represamiento).
Consecuencias
• Reducción del transporte de nutrientes, materiales orgánicos y sedimentos a las aguas costeras; así como de la principal fuente de agua dulce para mantener los regímenes de salinidad.
• Disminución de producción de peces (declinación de pesquerías).
• Aumento de salinización de tierras bajas y de la intrusión salina.
• Incremento de la sedimentación que trae consigo muerte de arrecifes coralinos, deterioro de la vegetación costera y afectaciones en la navegación.
• Aumento de la erosión costera» (Rodríguez, 2003).
Vertimientos industriales como derrame de petróleo de barcos y otros contaminantes del Combinado Pesquero La Coloma, ya que «la laguna de oxidación no es suficiente y aunque esas aguas son tratadas, en su curso se unen con las aguas servidas de las poblaciones costeras, el vertimiento a las aguas albañales procedentes de poblaciones costeras e instalaciones turísticas, y la existencia de materiales no biodegradables dentro del manglar. Los problemas relacionados con el saneamiento, al no existir presupuesto para la construcción de una nueva red de alcantarillado, fundamentalmente en el pueblo La Coloma, han aumentado la contaminación ambiental por vertimiento de residuales, y se incumple la legislación establecida para vertimientos de residuales al respecto.
Consecuencias:
• Mortalidad de herbazales submarinos.
• Mortalidad de los manglares.
• Contaminación del acuífero». (Rodríguez, 2003).
La tala indiscriminada cercana al litoral, unido a que el sistema de aprovechamiento es inadecuado, consiste en «la selección de los árboles a talar, según su accesibilidad y para un surtido específico». Es por ello que la labor de la tala se realiza cerca de los esteros, ríos o en el borde interno.
Consecuencias:
• Se acelera la erosión costera
• La barrera de tocones impide la dispersión de semillas
• Regeneración lenta sobre sedimentos degradados
• Reducción de fuentes de reserva de semillas
• El suelo se oxida y se hunde (Rodríguez, 2003).
Otros: construcción de instalaciones turísticas en el espacio dunar, construcción de carreteras y la conversión a otros usos como siembra de arroz, además de la «obstrucción de drenajes naturales y artificiales, la sequía prolongada y la acumulación de desechos no favorecen que las mareas recurran según su amplitud a la cuenca del manglar» (Rodríguez, 2003), «centralización de servicios en un solo lugar, ausencia de creatividad en la búsqueda de alternativas, insuficiente desarrollo de la industria local, incompletamiento y subutilización de redes de servicio y de las potencialidades del territorio, adversa situación económica del país y excesiva centralización» (Bustio, 2004).
Unido a ello, se evidencia el desconocimiento parcial de la legislación vigente protectora del ecosistema costero y de cada uno de sus componentes. (tabla 1), lo que trae consigo, a su vez, el desconocimiento de las conductas infractoras en dicha zona, así como de los derechos y deberes con que cuentan los involucrados en ellas para su eficiente cumplimiento, lo que trae consigo el incumplimiento de la legislación, ya que no existen los mecanismos adecuados de control. Ejemplo de ello es que, aunque se ha aprobado la Ley de Medioambiente y con esta se ha logrado un discreto aumento de la cultura ambiental en la población, no se ha logrado la concientización de la misma, lo cual se manifiesta en su violación continua, al no existir los mecanismos de control adecuados, provocando consecuencias negativas para el medio.
Se ha aprobado la Ley de Costas, lo que permite un mejor manejo y uso sostenido de este ecosistema; pero no existe un pleno conocimiento de la por parte de la población, lo que hace que los habitantes de esta zona continúen utilizando formas inadecuadas de uso y manejo, unido a la no existencia de un correcto y sistemático mecanismo de control. Se ha aprobado la Ley Forestal y el servicio Forestal Estatal, sin embargo, no existen los mecanismos adecuados para el cumplimiento de lo normado. La no existencia de un plan de manejo silvícola y la falta de un cuerpo de guardabosques en la zona, ha ocasionado el descontrol y la tala indiscriminada de bosques de manglar.
Estadísticos: GRADO DE CONOCIMIENTO
N Válidos____ 58
Perdidos___0
Moda _____ 0
Problemas encontrados en el sector de estudio la Bajada, en la Península de Guanahacabibes, (estrechamente relacionados, ya que se ubican en la misma zona con el Complejo Internacional de Buceo, María la Gorda):
El Centro Internacional de Buceo, María la Gorda, cuenta actualmente con instalaciones de diversas tipologías arquitectónicas, expresiones y materiales de construcción, donde convive una combinación de estilos arquitectónicos poco coherentes, diversidad de formas, alturas y materiales diversos como muros de bloques o madera, cubiertas de tejas, losas de hormigón, canalón y guano. Entre los principales problemas, que se han identificado como los que más inciden en la estabilidad estructural de los inmuebles existentes en el lugar y que a la vez acentúan su vulnerabilidad ante el embate de eventos meteorológicos, se pueden identificar los siguientes:
«Ubicación incorrecta de construcciones sobre la duna o próximas a la línea de costa, con la posible incidencia negativa sobre la morfología litoral, tal es el caso de las construcciones en la primera línea, frente a la playa, donde se encuentran instalaciones más resistentes de hormigón e instalaciones de madera con cubiertas ligeras.
La construcción de espigones y la dársena mal orientada, lo que ha originado impactos ya perceptibles como la degradación de la playa frente a las instalaciones.
Esta acción, de conjunto con la primera, ha contribuido al incremento de los procesos erosivos en la línea de costa, como lo demuestra la formación de escarpes en la berma de la playa.
Alta sensibilidad ante la ocurrencia de eventos meteorológicos (ciclones tropicales, fuertes vientos, penetraciones del mar, entre otros.), debido a su ubicación tan próxima a la línea de costa.
Los cables y conexiones se encuentran en la superficie en el 10% de la unidad, lo que en caso de inundaciones o penetraciones del mar propiciaría su deterioro o accidentes.
Los tanques elevados no se encuentran en posiciones adecuadas en caso de fenómenos o desastres naturales; muchos de ellos carecen de condiciones necesarias para su uso.
En caso de inundaciones, los tanques sépticos serían un factor de riesgo de posibles contaminaciones en la zona por la cercanía a las cabañas y a la fuente de abasto de agua potable.
En caso de inundaciones, las obras de drenaje quedarán afectadas en su funcionamiento.
El vial de acceso es vulnerable debido a la cercanía del mar, lo que imposibilitaría el paso de vehículos para ayuda, en caso de desastres de gran envergadura, quedando aislada la instalación» (Lemus, 2008).
El asentamiento La Bajada, localizado en el fondo de la Ensenada de Corrientes, deviene como antesala del desarrollo turístico de la zona; ocupa una posición geográfica determinante ya que constituye el punto de desvío obligado hacia uno u otro de los sectores del territorio, Cabo Corrientes o Cabo de San Antonio. Presenta los siguientes problemas:
«Mala ubicación de las viviendas sobre la duna y muy próximas a la línea de costa.
« Ausencia de barreras naturales que sirvan de protección ante la penetración del mar.
La red vial, tramo La Bajada, María La Gorda, se expone a lo largo del litoral. Este tramo de carretera constituye un vial asfaltado que en algunos tramos dista solo 10 metros de la línea de costa; no se ha respetado el perfil de la duna, y se atraviesa su cima en buena parte de los casos. Una evidencia absoluta de este mal emplazamiento lo constituyó el embate del huracán Iván, quien a su paso hizo que el mar arrojara arena y otros sedimentos, cuyos montículos alcanzaban más de un metro de altura, y que fueron arrastrados en las franjas más estrechas hasta el borde interior de dicho vial, por lo que presenta una alta vulnerabilidad a la penetración del mar y los embates de los materiales sólidos que arrastra.
Alta vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos meteorológicos (ciclones tropicales, fuertes vientos, penetraciones del mar, entre otros.), debido a su emplazamiento tan próximo a la línea de costa y la escasa altimetría del terreno.
La accesibilidad a la zona es mala, lo que implica un riesgo potencial de accidentes en caso de grandes inundaciones.
Las grandes distancias de este centro a hospitales y cuerpos de bomberos inciden negativamente en caso de accidente, ya sea en épocas de posibles desastres naturales o en tiempos de calma.
Lejanía del centro de las fuentes suministradoras de energía eléctrica.
No existen escenarios creados dentro de la instalación para y durante la emergencia.
Comunidad propensa frecuentemente a inundaciones y penetraciones del mar.
La propensión del medio es alta, debido a la cercanía de este poblado a la costa». (Lemus, 2008).
Consecuencias:
Los siguientes problemas identificados anteriormente en La Bajada y el CIB María La Gorda presentan consecuencias, debido a su ubicación cercana a la línea costera y sobre la duna, produciendo los siguientes impactos:
• «Pérdidas materiales e interrupciones de los servicios tanto al paso de eventos meteorológicos como posterior a este.
• Afectaciones en las estructuras habitacionales, gastronómicas, educacional, médicas y administrativas, por daños en marquetería, pisos y redes sanitarias, principalmente en las instalaciones ubicadas sobre la duna. Afectaciones severas en la red vial, que en algunos tramos puede desaparecer, producto a la erosión del agua al penetrar y el impacto de los arrastres de materiales sólidos» (Moreno, 2008).
• Desconocimiento total de la legislación vigente en materia del ecosistema costero, lo que demuestra alta vulnerabilidad de riesgos en la construcciones en la dunas y los bosques de manglar predominantes en la costas, tanto por parte de los pobladores como de los directivos y órganos de la administración de la zona (ver tabla 2), cuestión esta que, a pesar de la existencia del programa de manejo integrado de la zonas costeras, no cuenta con la divulgación y la efectividad necesaria para la concientización y el conocimiento del conjunto de acciones y tareas que deben ser realizadas y observadas y que, a su vez, son previstas en la legislación al respecto.
Estadísticos: GRADO DE CONOCIMIENTO
N Válidos____ 29
Perdidos___0
Moda _____ 0
En ambas zonas estudiadas, se puede concluir que existe:
• Ineficacia e ineficiencia parcial o total en la aplicación de las normas jurídicas vigentes en el MIZC.
• Dispersión de normas ambientales y para el MIZC que dificultan su conocimiento.
• Dificultades objetivas (desde el punto de vista económico y material) en la aplicación de la legislación ambiental.
• Existencia de lagunas legislativas en áreas de regulación afines con el manejo.
• Insuficiente coordinación para la aplicación de normas jurídicas vigentes sobre esferas específicas de protección ambiental dentro del MIZC.
• Insuficiente conciencia jurídica ambientalista por parte de la ciudadanía y de los encargados de aplicar la ley.
• No reconocimiento de la necesidad de programas de Educación Jurídica Ambiental en diferentes niveles, lo que trae consigo la ausencia de proyectos de educación ambiental que integren la dimensión jurídica, unido al insuficiente trabajo comunitario en educación jurídico ambiental.
• Ausencia de juristas vinculados a programas de superación en Derecho Ambiental y MIZC, en particular.
Tamaño de muestra: tanto para el puerto de La Coloma como para la península de Guanahacabibes, se encuestaron a: pobladores: n=13, para el 16,3 %; trabajadores: n=10, para el 12,5 % y directivos y administrativos: n=6, para el 18,8%.
Alternativas para la protección jurídica del entorno, para el manejo integrado de las zonas costeras en la zona de la Bajada, en la Península de Guanahacabibes y en el Puerto de la Coloma, ambos en la Provincia Pinar del Río
- poner en marcha el plan de desarrollo integral en tales zonas cercanas al litoral costero, incrementar el ritmo de construcción de viviendas, red vial, y redes gastronómicas y de servicios, garantizando en tales actividades la legislación vigente y protectora al respecto.
- lograr la asignación de presupuesto, a través de los directivos involucrados al respecto, para la rehabilitación ambiental del litoral costero, saneamiento de toda la zona de playa, reforestación de la franja de mangle, creación de bosques energéticos y programas de capacitación a la población y a los órganos de administración y dirección, para que cuenten con la herramientas necesarias para solucionar los problemas que se presenten, a través de proyectos territoriales, nacionales e internacionales.
-Desarrollar el sistema de red de alcantarillado en los asentamientos, lo que incidirá en el mejoramiento de las condiciones higiénico- ambientales del sector, para con ello contribuir a la erradicación del vertimiento de residuales, los cuales deben ser correctamente tratados, reciclados y devueltos a determinadas funciones, a partir de iniciativas locales, ya que hoy en día constituyen los principales contaminantes en las zonas costeras tratadas.
- Implementar la Planificación y Gestión Integrada de Zonas Costeras con amplia participación comunitaria en los planes de ordenación del territorio, el cual permitirá un mejor uso y manejo sostenible de los recursos marinos y costeros y la acción coordinada, organizativa y dinámica de las comunidades aledañas a las zonas costeras y los organismos gubernamentales involucrados al respecto.
- desarrollar la industria local, utilizando los recursos y potencialidades de la zona en coordinación con los actores locales, a fin de lograr un poder de gestión y autonomía superior, apoyados por el proceso de descentralización de tales actividades en la zona costera.
- Mejorar la calidad de vida de la población, a partir de la fusión entre el desarrollo científico - técnico y jurídico, para lograr el aumento de los niveles de protección jurídica (tan escasa actualmente), de producción y la satisfacción de las necesidades de la población. Utilizar racionalmente las fortalezas y oportunidades que brinda el entorno natural, social y jurídico.
- Elevar la eficiencia en la explotación de las instalaciones turísticas que permita incrementar los niveles de comercialización del producto turístico local, a través del respeto y correcta aplicación de la legislación vigente para tales actividades, específicamente en el litoral costero y, para ello, será necesario:
• superar la oferta actual
• mejorar los niveles de eficiencia económica de la instalación
• incrementar las capacidades
• mejorar las condiciones socio-jurídicas-ambientales del entorno
• desarrollar cultura jurídica del turismo entre los pobladores
- Tener en cuenta las necesidades de la población local, incluyendo el uso de los recursos naturales para su subsistencia (vivienda, alimentación, agua potable, transporte)
- Lograr la compatibilización necesaria entre los intereses de los sectores de la pesca, forestal, turismo, y el respeto a la normativa jurídica protectora de los mismos con los de la población, a fin de lograr una mayor eficacia ambiental en el territorio, para garantizar el desarrollo armónico del mismo.
- Contribuir a la elevación de la cultura jurídica-ambiental de los pobladores, mediante la implementación de programas de educación y capacitación jurídica-ambiental, a través de cursos de superación jurídicos-científicos-técnicos especializados, que permitan concientizar a los actores fundamentales del territorio en el uso racional y en la protección jurídica para el manejo sostenible de los recursos costeros y su valor ecológico, con énfasis en los ecosistemas más seriamente afectados y que puedan provocar daños considerables hacia el interior de la cuenca.
- Garantizar la implementación del plan de manejo integrado costero, en función de garantizar el uso sostenible y la protección jurídica de los recursos naturales que tienen lugar en el litoral costero, como por ejemplo los arrecifes de coral, hoy tan afectados, así como también los bosques de manglares que se encuentran en la misma situación, asegurando su extracción balanceada, además del mejoramiento del bosque y la eliminación de la extracción de madera con fines constructivos y para combustible.
- Aumentar los dividendos de la pesca y el turismo, destinados al beneficio de la población local, pero, a la vez, lograr subordinar los intereses de la pesca como actividad económica fundamental a los fines de protección jurídica y conservación del ecosistema costero.
- Crear espacios de encuentro y establecer talleres científicos donde se puedan discutir todos los problemas medioambientales que surjan en torno a los ecosistemas costeros, además, que lleguen al conocimiento de los trabajadores, pobladores, así como a los órganos de administración y dirección de las zonas, en cuestión, todas aquellas normas jurídicas protectoras del manejo integrado de las zonas costeras, para propiciar a los mismos un mayor conocimiento sobre la legislación vigente, profundizando en la formación de valores culturales, éticos, jurídicos y sociales, en su relación con la protección del medio ambiente y en el vínculo de este con el desarrollo económico y social.
- Contribuir a la construcción de una sociedad sostenible, aplicando el establecimiento de un modelo integral de desarrollo que aporte mejoras a la calidad de vida de los seres humanos, sin olvidar que este tipo de desarrollo debe, además, establecer las estrategias adecuadas para conservar la vitalidad, protección jurídica y diversidad del entorno natural como fuente indispensable para el sustento de vida de los seres humanos en el planeta.
Se trata entonces, de un modelo que satisfaga las necesidades humanas y al mismo tiempo, ver la protección jurídica y conservación como elementos esenciales e indispensables de este proceso dinámico, continuado y organizativo, ya que cada ciudadano analiza el tema a partir de su nivel de información, de su cultura e intereses individuales, pero lamentablemente, pocas personas, naturales o jurídicas, tienen un nivel de información adecuado y suficiente como para pronunciarse o resolver, según corresponda, los conflictos que se deben enfrentar y solucionar. Ante ello, es claro mencionar que el tema del medioambiente ha estado excluido en muchos casos de la cultura jurídica y la educación de cada individuo desde el punto de vista jurídico, a pesar de tener en nuestra historia patria varios hombres preocupados por ello como nuestro apóstol José Martí, cuando expresó, solo por citar un ejemplo: «La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la amistad, al hombre», Núñez, (1995).
La eficacia de las políticas ambientales y del sistema legal, no solo dependen de la existencia real de estrategias y normas jurídicas, sino también de la capacidad real de cumplir y hacer cumplir las normas o políticas. Inclusive, cuando en el plano teórico y formal las políticas y la legislación para el MIZC existen, se evidencian dificultades objetivas en su aplicación y en la toma de una conciencia jurídica ambientalista, que permita a los ciudadanos participar de forma pública y consciente en los procesos de toma de decisiones en las áreas costeras.
Urge la necesidad real e inminente de la concientización de la población con respecto a las comunidades de las zonas aledañas al litoral costero, así como de los trabajadores y los órganos administrativos en cuanto a la divulgación necesaria de programas y de talleres que permitan aumentar los niveles de conocimiento, proyección y ejecución de las principales normativas jurídicas protectoras del manejo integrado de las zonas costeras, para minimizar los daños ambientales existentes en estas zonas y aquellos que, producto al desconocimiento y a la escasa implementación puedan ser ocasionados.
A pesar de que existe una estrategia ambiental nacional y otra territorial en las zonas tratadas, estas no se aplican debidamente; además, existe desconocimiento total de las bases fundamentales que sustentan la legislación vigente.
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